Entre las herramientas que existen para conservar el medio natural, encontramos los Análisis de Riesgos Ambientales.
Se trata de un estudio que permite conocer los posibles accidentes que pueda haber en una instalación y que puedan causar contaminación en el entorno.
En la búsqueda constante por promover prácticas sostenibles y responsables, la consultora ambiental SANPRA, perteneciente a La Fundación Laboral San Prudencio, ofrece este servicio a las empresas que tienen la obligación de realizarlo.
Las empresas con la obligación de realizar el Análisis de Riesgos Ambientales son las siguientes:
- Tener la condición de ser grandes productores de residuos peligrosos, es decir, aquellas que generen más de 10 toneladas.
- Para aquellas que operan en actividades especificadas en el Anexo III de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental.
- Actividades IPPC (Prevención y Control Integrados de la Contaminación). Estas actividades están reguladas bajo el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Pero, ¿qué es exactamente un Análisis de Riesgos Ambientales?
En esencia, es una radiografía detallada que, mediante una visita a planta, se examinan las posibles amenazas que las actividades que se realizan en la instalación puedan representar para el medio ambiente. Desde derrames o incendios que afecten al medio natural, hasta aguas de extinción generadas por incendio que resultan estar contaminadas por productos peligrosos almacenados en la planta. Cada riesgo es meticulosamente evaluado por nuestros técnicos y tras recopilar los datos necesarios, se genera un informe exhaustivo para determinar si la instalación debe contratar una garantía financiera.
Los cálculos y/o el procedimiento para determinar la necesidad de constituir esa garantía se realizan mediante la metodología de la norma UNE 150008 del 2008 y a través de la herramienta proporcionada por el MITECO, denominada SIRMA. Realizando determinados cálculos precisos, se asigna un valor numérico al daño ambiental que podría ocasionar la instalación de estudio y se determina si es necesario establecer la garantía financiera. Si este valor es inferior a 300.000€ (en empresas SIN Sistema de Gestión Ambiental 14001), o menor de 2.000.000€ (para empresas CON sistemas de gestión ambiental 14001), no se requiere constituir esta garantía.
